Un Aumento en las Transferencias, Pero ¿A Qué Costo?
En junio, las provincias argentinas celebraron un incremento del 6,5% en los recursos totales percibidos mediante la coparticipación de impuestos y leyes especiales, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento fue impulsado por las transferencias automáticas del Estado nacional, lo que sugiere cierto alivio para los gobernadores en un contexto económico complicado. Sin embargo, esta buena noticia viene acompañada de un sombrío contraste: los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias y el IVA se desinflaron en un 19,8% real. La caída en estas recaudaciones plantea serios desafíos para la sostenibilidad financiera de las provincias, que dependen en gran medida de estos ingresos tradicionales.
La Divergencia de los Ingresos por Leyes Especiales
Mientras que los ingresos de los impuestos clásicos muestran signos de debilidad, el panorama se ve diferente en los montos generados por los Regímenes y Leyes Especiales, que experimentaron un alza asombrosa de más del 123% interanual. Este crecimiento es notable en impuestos como Bienes Personales y el Régimen de Energía Eléctrica, ofreciendo una luz de esperanza en medio de la adversidad. Aun así, los gobernadores permanecen inquietos, conscientes de que la principal estructura de financiamiento se encuentra bajo presión. El hecho de que los ingresos tradicionales estén disminuyendo plantea interrogantes sobre la capacidad a largo plazo de las provincias para financiar sus gastos y proyectos.
La Necesidad de Mayor Transparencia y Alivio Fiscal
La situación financiera ha llevado a muchas provincias a ajustar sus presupuestos y realizar recortes significativos de hasta el 20% en sus gastos para el año 2024. En este contexto, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representa el 1% de los impuestos coparticipables, se convierte en un tema crucial. Con cifras que alcanzan los $300.000 millones en este año, los gobernadores demandan claridad en la gestión de estos fondos, así como también en la distribución de remanentes de ejercicios anteriores, que ascienden a $4,3 billones. Para evitar ajustes severos y asegurar un futuro fiscal más sólido, la presión sobre el gobierno nacional para llevar a cabo un manejo más transparente y equitativo de estos recursos es más urgente que nunca.
