La controversia tras la anulación de la condena a Justo José Ilarraz
La reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina de anular la condena de 25 años de prisión a Justo José Ilarraz, un excura que enfrentaba graves cargos de abuso y corrupción de menores, ha generado un torbellino de reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Este fallo ha sido recibido con incredulidad y profundo rechazo, sobre todo por aquellas voces que representan a las víctimas y que luchan por la justicia en casos de abuso sexual infantil. De hecho, la expresidenta y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, no tardó en manifestar su indignación a través de sus redes sociales al señalar cómo esta medida contraría el sentido de justicia que se esperaría en situaciones tan graves.
Un aspecto clave en este debate es la decisión del Papa Francisco de expulsar a Ilarraz de la Iglesia Católica en 2024, un hecho sin precedentes que subraya no solo la gravedad de las acusaciones, sino también la voluntad de la institución de poner fin a cualquier tipo de encubrimiento. La acción del Papa se produce en un contexto donde el abuso sexual infantil se considera imprescriptible en muchos marcos jurídicos internacionales. Sin embargo, la Corte Suprema justificó su resolución en base a principios legales de prescripción, argumentando que los actos delictivos en cuestión, cometidos entre 1988 y 1992, ya no podían ser sujetos de condena. Este argumento, que ha sido ampliamente criticado, pone en tela de juicio la capacidad del sistema judicial argentino para abordar de manera efectiva estos delitos tan graves.
La respuesta de la sociedad frente a esta situación ha sido contundente. Organizaciones de derechos humanos y grupos que defienden los derechos de los niños se han expresado enérgicamente contra el fallo, alertando sobre el peligro que representa la impunidad en casos de esta naturaleza. La indignación es palpable; muchos sienten que este veredicto no solo diluye los avances logrados en la lucha contra el abuso sexual, sino que también deslegitima el sufrimiento de las víctimas que han buscado justicia a lo largo de los años. A medida que este tema continúa en la escena pública, el debate sobre la justicia, la impunidad y el rol de las instituciones en la protección de los más vulnerables sigue más vivo que nunca en la Argentina.
