La controversia en torno a los gastos en seguridad del gobierno argentino ha tomado un giro significativo con las recientes revelaciones sobre los exorbitantes gastos de Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad. Matías Molle, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), ha sido la voz que impulsa un pedido formal de informes destinado a esclarecer cómo se han utilizado más de 56 mil millones de pesos en equipos para el control de manifestaciones.
Estos gastos han incluido, según lo denunciado, la compra de armamento, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos diseñados específicamente para reprimir la protesta social. La magnitud de estos desembolsos ha dejado a muchos ciudadanos preguntándose en qué medida estos recursos están siendo utilizados para garantizar la seguridad pública en lugar de ser empleados en una manera que disuada a los ciudadanos de manifestarse.
En sus declaraciones, Matías Molle ha subrayado la falta de transparencia en la gestión de Bullrich. Durante una entrevista radial, Molle expresó su frustración ante las respuestas evasivas y poco concluyentes que ha recibido del ministerio. Para él, el acceso a información clara y precisa sobre estos gastos es esencial para garantizar un control democrático de las acciones del gobierno.
Molle ha calificado al aparato de seguridad como un “mercado multimillonario”, tanto en Argentina como a nivel global. Atribuye este exceso a una ‘tara’ emocional que Bullrich arrastra desde su tiempo en la administración de Mauricio Macri, especialmente luego de los violentos enfrentamientos que se produjeron durante las protestas por la reforma jubilatoria. Esto sugiere que, más que optimizar la seguridad, existe una estrategia orientada a la disuasión a través del miedo.
Una reciente investigación de la revista Contraeditorial ha puesto de manifiesto estas preocupaciones, destacando que los gastos desmesurados de Bullrich no solo parecen ser un uso ineficaz de los recursos sino que también reflejan prácticas poco ortodoxas en la gestión de la seguridad. En lugar de proteger a los ciudadanos, la estrategia del ministerio ha sido interpretada como una forma de reprimir las manifestaciones y silenciar las voces disidentes.
El término ‘casta’, que ha cobrado fuerza en el discurso político argentino, parece resonar especialmente en el entorno de Bullrich. Molle ha realizado comparaciones, sugiriendo que la ministra se comporta más como una autoritaria agente de control que como una responsable de la seguridad nacional. En sus palabras, los protocolos que promueve Bullrich son “fuera de control y son irregulares”, lo que pone de relieve un enfoque que ha suscitado preocupación y análisis crítico.
La reacción del público frente a esta situación no ha sido indiferente. Los ciudadanos han comenzado a cuestionar cómo se prioriza el gasto en seguridad en un contexto donde hay otras áreas críticas que requieren una atención urgente. Mientras el país enfrenta una crisis económica que afecta a vastos sectores de la población, muchos consideran que la inversión en medidas represivas no es la forma adecuada de abordar los desafíos sociales que se presentan.