La Acción de Amparo Colectivo por la Ruta Nacional 151
Recientemente, el Gobierno de Río Negro, junto a la Defensoría del Pueblo, intendentes de diversas ciudades y representantes de entidades empresariales, presentaron una acción de amparo colectivo ante el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. Esta iniciativa busca abordar una problemática crítica: el grave estado de la Ruta Nacional 151, un tramo vital que conecta Cipolletti con el límite de La Pampa. La demanda destaca que el deterioro de este camino no solo pone en riesgo la vida y la salud de quienes transitan por él a diario, sino que también afecta de manera crítica servicios esenciales que dependen de esta vía. En lo que va de 2025, se han registrado más de 576 traslados médicos que dependen de este acceso, lo que pone de manifiesto la urgencia de solucionar esta situación.
El Juzgado Federal de General Roca ya ha respondido a esta acción, exigiendo al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre los motivos que justifican la falta de mantenimiento denunciada, otorgando un plazo de once días para dar respuesta. Adicionalmente, se ha fijado un plazo de cinco días para la presentación de medidas cautelares que buscan implementar soluciones inmediatas, como la señalización de la ruta, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes. El escrito muestra un reclamo firme por una reparación integral de los 150 kilómetros que componen el tramo rionegrino, así como la necesidad de un plan técnico y un presupuesto adecuado para las obras, acompañados de informes periódicos que garanticen el progreso.
El estado de la Ruta Nacional 151 no solo compromete el bienestar de quienes la utilizan, sino que también impacta negativamente en diversos sectores claves para la economía local. Más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas dependen del acceso seguro a esta ruta para sus actividades diarias, y la industria frutal, la minería y el turismo ven mermados sus rendimientos por este problema. La demanda también resalta cómo, a pesar de existir recursos específicos para el mantenimiento vial, estos han sido desviados, dejando a las infraestructuras en condiciones deplorables. Este caso no solo busca justicia para Río Negro, sino que podría sentar un precedente para que otras provincias también demanden la atención que merecen infraestructuras críticas.