Reacciones ante el Decreto 462/2025: Un cambio controvertido en el INTA e INTI
El reciente Decreto 462/2025, emitido por el gobierno de Javier Milei, propone modificaciones estructurales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos cambios han ocasionado un fuerte rechazo entre diversos sectores productivos, que consideran que la medida debilita la gobernanza y el funcionamiento de estas instituciones clave. En una conferencia realizada en Bariloche, el director del INTA local, Mauro Sarazola, expresó su preocupación, afirmando que el nuevo decreto pone en riesgo la participación de los sectores productivos en las decisiones del organismo y otorga al gobierno de turno una potestad demasiado amplia sobre qué proyectos se llevan a cabo.
Uno de los puntos más críticos del decreto es la transformación del INTA en un organismo desconcentrado, donde la dirección estará a cargo de un Presidente designado por el Ejecutivo Nacional, en lugar de un liderazgo elegido por concurso. Sarazola subrayó que esta nueva estructura atenta contra la esencia misma de la institución, que fue diseñada para ser inclusiva y colaborativa con los productores, universidades y otros actores clave. Además, los temores sobre posibles despidos y el cierre de agencias de extensión agravan la situación, generando incertidumbre entre los trabajadores y productores que dependen de los servicios que ofrece el INTA.
En cuanto al INTI, Julieta Caló, representante del organismo, recordó la importancia histórica y funcional del instituto a lo largo de sus 70 años de existencia. Este organismo es fundamental para la calibración y certificación de productos, asegurando que cumplan con estándares internacionales y sean aptos para el consumo. Con la modificación que plantea el decreto, el INTI se convertiría en un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Industria y Comercio, lo que, según el gobierno, permitiría mejorar la coordinación de políticas industriales. Sin embargo, los críticos manifiestan que esta reorganización podría comprometer la calidad y seguridad de los productos que se fabrican en el país, afectando tanto a los productores nacionales como a los consumidores.
La oposición al decreto no se limita solo a las declaraciones públicas; hay un creciente clima de alerta y movilización entre los sectores involucrados. Se plantea un nuevo desafío a la administración, que deberá gestionar no solo un cambio estructural en dos instituciones clave, sino también las reacciones de un sector que considera que las reformas pueden tener consecuencias negativas de largo alcance. Las consideraciones no solo giran en torno a la operatividad de estas instituciones, sino a un modelo de desarrollo que necesita ser discutido y consensuado con todos los actores implicados.
