El revés legislativo del Gobierno
En una jornada complicada para el Ejecutivo, el Senado vivió un revés significativo con la aprobación de varios proyectos que incomodan al Gobierno. Con la vicepresidenta Victoria Villarruel presente, la oposición logró reunir el quórum necesario, superando por cinco los 42 senadores requeridos para avanzar con las votaciones. La bancada de Unión por la Patria no estuvo sola; también sumaron sus votos los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y otros aliados. Entre ellos, destacó la presencia de distintos representantes de provincias y partidos, quienes se unieron en un consenso inesperado para la sanción de leyes críticas, como la actualización de los haberes previsionales y la extensión de la moratoria previsional.
Aumento de jubilaciones y beneficios
La ley que se sancionó estipula un incremento real del 7,2% en todos los haberes y pensiones, excluyendo regímenes especiales. Además, se decidió aumentar el bono que reciben los jubilados, que pasará de $70 mil a $110 mil, y que se actualizará en función de la inflación. La moratoria previsional, que se restablece por dos años, permitirá que las personas con menos de 30 años de aportes puedan completar sus contribuciones y acceder al haber mínimo. El senador Mariano Recalde argumentó que el equilibrio fiscal no puede usarse como excusa, ya que existen alternativas de financiamiento para aliviar la carga de los jubilados, como exenciones al IVA y ahorro en intereses por deuda.
Emergencia en discapacidad y reacciones del Gobierno
Otro punto crucial de la jornada fue la sanción de la emergencia en discapacidad, que se implementará hasta el 31 de diciembre de 2027. Este proyecto busca reformar las pensiones no contributivas, actualizar aranceles y mejor la asistencia económica para personas con discapacidad. La complejidad de los trámites actuales, como el del Certificado Único de Discapacidad, fue un tema destacado por el peronista Fernando Salino, quien incidió en la necesidad de simplificar estos procesos. A medida que avanzaban las votaciones, los legisladores se encontraron con problemas técnicos que llevaron a que muchas decisiones se tomaran de manera vocal. Sin embargo, lo más relevante es que, ante este impulso legislativo opositor, el Gobierno ya está evaluando vetos y la posibilidad de judicializar lo actuado, lo que marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
