Controversia en la Retención de un Vehículo: ¿Una Multa Justificada?

El viernes 11 de julio de 2025, ocurrió un incidente en la terminal de ómnibus que ha generado gran revuelo. Inspectores de Tránsito decidieron secuestar un vehículo particular al que acusaron de ofrecer un servicio de transporte no habilitado, presumiblemente a través de aplicaciones como Uber. El conductor, Juan, se defendió argumentando que el procedimiento no cumplía con las normativas correspondientes, pues no había un operativo de control en curso ni un acta que documentara el motivo de la retención. Juan alegó que el operativo se basó en una supuesta infracción ocurrida días antes, situación que desde su perspectiva constituye una persecución por parte de los inspectores.

La Declaración de Juan y Testimonios Claves

Juan compartió su experiencia en diálogo con Engranaje de Radio Seis, narrando que los inspectores lo interceptaron cuando llevaba a su hermano y a su sobrino. “Me pidieron los papeles, les entregué todo y el inspector Vargas me dice que yo estoy haciendo Uber, que él me había visto el día lunes en calle Mitre levantando pasajeros,” relató. Sin embargo, insistió en que en ese momento no estaba en servicio, y que los inspectores carecían de pruebas del supuesto transporte ilícito. A pesar de su resistencia, el vehículo fue retirado por una grúa municipal, dejándolo con una multa de $450.000 por “transportar pasajeros sin habilitación”.

Normativas y Procedimientos en Cuestión

La situación también resalta las implicaciones de la Ordenanza Municipal 2027-CM-10, que se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Esta normativa permite a los inspectores retener un vehículo solo cuando se detecta una infracción en curso que represente un riesgo inminente o una falta flagrante de la ley. La ley estipula que la infracción debe ser constatada durante el control, lo que en este caso no se cumplió, ya que no había un acta formal que justificara la sanción. También se establece que la retención no puede retroceder a situaciones no documentadas en el momento de la supuesta infracción. Aunque los inspectores tienen la potestad de fiscalizar fuera de operativos formales, la aplicación de sanciones severas como el acarreo del vehículo debe alinearse con criterios de legalidad y debido proceso, algo que parece haber estado ausente en este episodio.