El caso de Carlos Aristegui y la CEB: Un escándalo en la gestión cooperativa
El panorama judicial se complica para Carlos Aristegui, expresidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), quien deberá presentarse ante el juzgado el próximo 8 de agosto de 2025. Esta audiencia, que será presencial, marca un hito importante en una investigación que involucra presuntos actos de administración fraudulenta. La denuncia, presentada por el Ministerio Público Fiscal y a cargo del fiscal Guillermo Lista, destaca que Aristegui contrató un informe técnico de una auditoría privada sin el correspondiente aval institucional. Este informe, que se solicitó con el objetivo de validar su permanencia en el cargo, resulta ser el eje de un conflicto que ha polarizado a la comunidad barilochense en torno a la transparencia en la gestión de la cooperativa.
El trasfondo de esta situación es particularmente inquietante, ya que el expresidente de la CEB habría intentado utilizar una maniobra poco ética para mantenerse en su puesto. A pesar de no haber logrado el apoyo necesario en las elecciones internas, Aristegui buscó ejercer un "doble voto" en una crucial reunión de designación de autoridades. La auditoría, que llegó a manos de la CEB en noviembre de 2024, desestimó esta posibilidad, alertando sobre la irregularidad en sus acciones. No obstante, el servicio fue facturado y pagado por la cooperativa en dólares, lo que complica aún más su defensa. Este uso de recursos de la CEB para respaldar acciones que no contaban con legitimidad institucional ha sido central en la acusación de "defraudación por administración fraudulenta" según el Código Penal argentino.
La actual directiva de la CEB ha decidido tomar cartas en el asunto. Bajo la presidencia de Alejandro Pozas, se presentó como querellante ante la justicia, apoyados por el abogado destacado del foro local, Dr. Ernesto H. Saavedra. La denuncia no solo pone en jaque a Aristegui, sino que también resalta un punto fundamental sobre la responsabilidad y la ética en la gestión de recursos públicos. La comunidad observa con atención estos desarrollos, ya que el desenlace del caso podría tener implicancias significativas para la gobernanza Cooperativa en Bariloche y, por extensión, para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
