La controversia en torno a la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha alcanzado un nuevo nivel tras la decisión de la jueza Martina Isabel Forns, quien detuvo el proceso ordenado por el Gobierno de Javier Milei mediante una medida cautelar. Esta decisión judicial se enmarca dentro de un pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que ha logrado frenar la implementación del Decreto 461/2025. Dicho decreto contemplaba cambios drásticos en la estructura de Vialidad, incluyendo reubicaciones forzosas y cesantías, dejando a muchos trabajadores en una situación de incertidumbre y estrés laboral.
La jueza Forns fundamentó su fallo en la protección de los derechos laborales, esenciales según la Constitución Nacional y los convenios de la OIT. Resaltó que el artículo 32 del decreto, que pretendía establecer restricciones a la estabilidad laboral, contraviene normativas vigentes y afecta de manera directa a los empleados. Este contexto legal crea un campo fértil para el debate sobre los límites de las decisiones ejecutivas en materia laboral. En un país donde la precarización del trabajo y la defensa de derechos se han vuelto temas candentes, esta resolución judicial se presenta como un alivio para quienes se sienten amenazados por las políticas gubernamentales actuales.
Las repercusiones del decreto y su posterior suspensión no se han hecho esperar, generando un clima de tensión y controversia en el ámbito público. Desde que el Gobierno inició la propuesta de disolución de la DNV, se han desatado reacciones vehementes del sindicato, que no dudó en comparar las posibles consecuencias de tales decisiones con la tragedia ferroviaria de la estación de Once en 2012. Este tipo de comparaciones pone de relieve la gravedad que los trabajadores le otorgan a la situación, sugiriendo que la reestructuración podría poner en riesgo la seguridad vial de los argentinos. En este complejo escenario, Federico Sturzenegger, quien está al frente de las reformas estatales, enfrenta no solo un desafío administrativo, sino un dilema ético en su intento de modernizar la estructura del Estado mientras se respetan los derechos laborales de sus empleados.
