Reestructuración en la Procuración del Tesoro: Cambios Impactantes
En una jugada que está dando que hablar en todo el país, el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han oficializado una reestructuración profunda dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación. El reciente Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial, no solo altera el organigrama de esta entidad, sino que también marca la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta medida fue anticipada unos días antes con la noticia del despido de más de 60 empleados, lo que ha generado un gran revuelo tanto en los círculos políticos como en la opinión pública. Desde el Gobierno, se justifica esta movida como un esfuerzo por lograr una mayor eficiencia en el sistema, pero las críticas no se han hecho esperar.
Uno de los aspectos más controversiales de esta reestructuración es la posible filtración de información relacionada con el juicio de la estatización de YPF, un caso que podría tener implicancias legales profundas. En este juicio, abogados del Estado se encuentran en pie de lucha para detener un fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que demanda la restitución de partes importantes de las acciones de YPF a los demandantes. La urgencia de este tema ha aumentado la presión sobre el Gobierno para actuar de manera rápida y efectiva, lo que podría haber influido en la decisión de implementar cambios estructurales tan drásticos.
La reestructuración no solo busca optimizar los recursos, sino que también pretende eliminar la burocracia considerada innecesaria, lo que se traduce en una reducción de costos operativos. Con la disolución de la Escuela de Abogados del Estado, el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP) asumirá ahora las funciones de formación y capacitación de los abogados del Estado. Aunque el Gobierno defiende que la Escuela cumplió con su objetivo original, las nuevas circunstancias han llevado a esta medida drástica. Estos cambios son vistos como un intento por parte del Gobierno de modernizar el sistema y adaptarse a los retos que enfrenta en el ámbito legal y administrativo.
