La Reestatización de AySA: Un Camino Lleno de Números y Desafíos
Desde su reestatización en 2006, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha sido un punto crucial en la provisión de servicios de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Durante este período, AySA ha recibido una formidable inyección de recursos provenientes del Tesoro Nacional, alcanzando un total de 13.400 millones de dólares. Este apoyo financiero permitió que la dotación de personal aumentara en un 90%, lo que ha generado un debate sobre la eficiencia y eficacia de la gestión pública en este sector. A medida que los ciudadanos exigen mejoras en la calidad del servicio, la pregunta que surge es si la ampliación del personal realmente se traduce en una mejor atención y en servicios más confiables.
La reciente conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una nueva estrategia del Gobierno: la privatización parcial de AySA. Este modelo mixto busca abrir la participación del capital privado en la empresa, al tiempo que se mantiene a los empleados actuales como accionistas. Este cambio de rumbo marca un intento significativo de transformar la industria de servicios públicos, que ha sido objeto de críticas en los últimos años. La decisión refleja no solo un cambio en la política pública, sino también un desafío para la sostenibilidad económica y la calidad de los servicios esenciales que muchos argentinos demandan a diario.
Sin embargo, esta propuesta no llega sin controversia. Adorni ha señalado "irregularidades significativas" en la administración anterior de AySA, apuntando a gastos excesivos que superan los 4.800 millones de dólares. Este desvío de recursos, destinado a la provisión y mantenimiento de servicios, ha generado serias acusaciones de corrupción, indicando que parte de la estructura administrativa podría haber operado como un "andamiaje para promociones políticas". Recientes investigaciones están analizando la adquisición de vehículos a precios inflados y compras de propiedades que no han sido justificadas debidamente, especialmente durante momentos críticos como la pandemia. Así, el futuro de AySA se presenta como un terreno fértil para el debate sobre la gestión pública y la posibilidad de un cambio en el modelo de servicios esenciales para la población.
