Medida cautelar frena cambios en el INTI: un debate en auge
La magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, ha tomado una decisión que ha detenido los planes del gobierno argentino respecto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esto se produjo tras una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que logró frenar de manera temporal la implementación del decreto 462/2025, emitido por el gobierno de Javier Milei. El decreto, que preveía profundas reformas en la estructura del INTI y la disolución de diversas entidades públicas, ha sido paralizado por seis meses, lo que representa un revés significativo para las autoridades gubernamentales.
La administración de Milei planteaba transformar al INTI de un ente descentralizado a una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria y Comercio. Según las versiones emitidas por voceros gubernamentales, esta reestructuración se justificaba como un intento de optimizar y agilizar los recursos estatales, ante la percepción de un organismo ineficiente y sobredimensionado. Además, el decreto contemplaba la incorporación de los ingresos del INTI al Tesoro Nacional y proponía la creación de Centros de Investigación en colaboración con el sector privado, generando aún más controversia en torno a su enfoque hacia la industria nacional.
El fallo ha suscitado reacciones inmediatas, siendo destacado por Rodolfo Aguiar, titular de ATE. A través de redes sociales, Aguiar criticó al gobierno de Milei por sus intentos de desmantelar la industria nacional bajo un “plan colonial”, haciendo hincapié en la relevancia de las medidas judiciales para proteger el rol clave que desempeña el INTI en el fortalecimiento del sector industrial. Esta situación pone de relieve las tensiones entre las políticas del gobierno y las fuerzas que defienden la continuidad de estructuras estatales actuales, abriendo un debate más amplio sobre la función y la reorganización de entidades públicas en un contexto de ajustes y reformas. Durante los próximos seis meses, la evolución de esta controversia será fundamental para vislumbrar el futuro del INTI y el impacto del decreto 462/2025.
