La Controversia de los Veto de Milei: Un Cambio de Rumbo Político
Este fin de semana, el presidente Javier Milei firmó los vetos a varias leyes cruciales, incluyendo el aumento de jubilaciones y la moratoria previsional. Esta decisión, oficializada el 4 de agosto de 2025, no fue una sorpresa para muchos, dado el rechazo que había generado estas normativas en su gabinete. El conflicto fue evidente, sobre todo con su vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien Milei calificó de “traidora” por permitir que se debatieran estas leyes en el Senado. El decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, argumenta “graves vicios reglamentarios” y establece que las medidas implicarían un aumento estructural del gasto público, lo que podría llevar a una emisión monetaria incontrolada y un incremento de impuestos.
Los Votos y Respaldo en el Congreso
A pesar de que el Senado aprobó con un respaldo significativo, con 52 votos a favor y 4 abstenciones, el camino es más complicado en la Cámara de Diputados, donde los márgenes son más ajustados. Para que se revoquen estos vetos, el Congreso necesitaría reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. Ya se anticipa que, en la próxima sesión del 6 de agosto, la oposición planea presentar proyectos importantes sobre financiamiento universitario y salud pediátrica, mientras los jubilados continúan movilizándose en las cercanías del Congreso. Con el objetivo de sostener su veto, el Ejecutivo se encuentra en negociaciones con gobernadores y bloques aliados, lo que demuestra la estrategia política detrás de esta medida económica.
Las Consecuencias para los Jubilados y Personas con Discapacidad
Milei no solo vetó el aumento a las jubilaciones, que proponía un incremento del 7,2% y un bono mensual aumentado de $70,000 a $110,000, sino que también desestimó la emergencia en discapacidad. Esto afectará directamente a aquellos que dependen de servicios asistenciales, ya que la ley contemplaba fondos hasta diciembre de 2027 para garantizar su pago y la mejora en las condiciones laborales de empleados que asisten a personas con discapacidad. La resolución del presidente ha suscitado un gran malestar entre jubilados y grupos de defensa de la discapacidad, dejando en el aire la pregunta de cuáles serán las consecuencias de estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos.
