Movilización por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Este martes, miles de ciudadanos se unirán en una jornada de protesta convocada por diversas organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La razón detrás de esta movilización es el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que había sido aprobada previamente por el Congreso y que busca abordar de manera urgente las múltiples problemáticas que enfrenta este sector de la población. La movilización no solo busca visibilizar la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas con discapacidad, sino que también es un grito colectivo ante lo que consideran un retroceso alarmante en la lucha por los derechos humanos y la inclusión social.
Las concentraciones están programadas en varias ciudades, destacándose Buenos Aires, donde se espera una gran multitud en la Plaza de los Dos Congresos desde las 11:30 horas. En paralelo, comunidades de ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza también se harán sentir en sus respectivas plazas. Las voces de personas con discapacidad, familiares, médicos y terapeutas se unirán en un esfuerzo común para hacer eco de su descontento. Este acto no solo será pacífico, sino que se transformará en una expresión artística y cultural que reflejará la rica diversidad de experiencias y luchas que componen este colectivo, promoviendo la solidaridad y un sentido de comunidad.
Los oradores del evento dejarán claro que el veto presidencial representa un obstáculo significativo en la búsqueda de igualdad y justicia social. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se cuestionan públicamente la falta de oportunidades y apoyos estatales, planteando interrogantes sobre la calidad de vida de quienes dependen de estas políticas. Los problemas que esta ley buscaba resolver no son meramente económicos, sino que están ligados a derechos fundamentales como la inclusión y la participación activa en la sociedad. Esta jornada se convierte así en una plataforma para exigir no solo la derogación del veto, sino también un compromiso real del Estado para satisfacer las necesidades básicas de un segmento poblacional históricamente marginado.