La Defensa de Cristina Fernández de Kirchner y las Restricciones Impuestas
En el marco del prolongado proceso judicial que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta argentina, sus abogados han solicitado a la Corte Suprema impugnar las medidas restrictivas que le fueron impuestas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y límites en su régimen de visitas. Esta acción legal, presentada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se enmarca en lo que consideran decisiones arbitrarias que vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales. El recurso eleva así la tensión en un contexto ya de por sí complejo, donde la judicialización de la política ha tomado un papel protagónico, especialmente en el caso de una figura polarizadora como Fernández de Kirchner.
Uno de los puntos más discutidos en la defensa es el uso de la tobillera electrónica, un dispositivo que la defensa califica de innecesario y perjudicial. Argumentan que, dado que la ex presidenta cuenta con vigilancia constante, no existe riesgo de fuga que justifique esta medida de seguridad. Reiteran que la Ley 24.660 permite la dispensa de dicho dispositivo en situaciones donde el riesgo de evasión no esté presente, apoyándose incluso en opiniones técnicas de especialistas en la materia. Para la defensa, esta marcación electrónica no solo es una carga adicional, sino que también introduce un estigma que podría tener repercusiones en su imagen pública y su vida cotidiana, ya difícil de llevar en el marco del arresto domiciliario.
Por otro lado, las restricciones en el régimen de visitas también generan un fuerte debate. La defensa critica la normativa que limita quién puede visitar a Fernández de Kirchner, argumentando que es arbitraria y discrimina frente a otros casos de arresto domiciliario. Estos límites, que sólo permiten la entrada de personas seleccionadas de una lista autorizada, no tienen un claro fundamento legal y, según sus defensores, infringen el principio de igualdad ante la ley. Este enfoque restrictivo añade una dimensión emocional a la situación, ya que también afecta vínculos personales y políticos, sumando un nivel de complejidad a su lucha legal, que puede repercutir en sus derechos políticos y en el ambiente judicial y político del país.
