La controversia del cálculo de reparaciones de Cristina Fernández de Kirchner
Recientemente, Cristina Fernández de Kirchner ha protagonizado un nuevo capítulo en su ya tumultuosa historia judicial. La expresidenta solicitó formalmente la suspensión de la ejecución de bienes destinados al pago de reparaciones a raíz del fallo en la causa Vialidad. Esta petición se dio a conocer justo horas antes de que se cumpliera el plazo para el depósito de la astronómica cifra de $648.000 millones. Junto a otros implicados, la defensa de Fernández de Kirchner ha cuestionado la validez de esta cifra, considerándola desmedida y carente de fundamento legal claro, lo que añade un nuevo matiz a la discusión sobre su situación patrimonial.
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, ha planteado serias dudas sobre la metodología utilizada por los peritos a la hora de calcular el monto a pagar. Fernández de Kirchner sostiene que este cálculo fue impuesto sin un debate adecuado, infringiendo su derecho a una defensa justa. En su defensa, enfatiza que no posee bienes que puedan ejecutarse según lo planteado por las autoridades, argumentando que su patrimonio no se relaciona directamente con las infracciones legales que se le imputan. Este punto resulta crucial, ya que en un sistema judicial, el derecho a una defensa adecuada es fundamental para la legitimidad del proceso.
En cuanto al método de cálculo del monto a pagar, la defensa ha criticado el uso del índice de precios al consumidor del INDEC, sugiriendo que las tasas bancarias serían una base más justa para determinar el monto. La argumentación de Beraldi es que la cifra impuesta, además de ser “técnicamente inadecuada”, genera valores artificialmente altos y contradice precedentes establecidos. Según el informe alternativo presentado, el monto correcto a pagar debería ser solo el 6% del valor que la Corte ha fijado, utilizando como referencia el peritaje del contador José Gaincerain, quien aboga por una metodología más alineada con la tasa pasiva promedio del Banco Central. Esto revela que el proceso de cálculo es no solo complejo, sino que también está envuelto en un clima de tensiones y desacuerdos significativos que podrían tener repercusiones importantes en la percepción pública y judicial de la expresidenta.
