Denuncian a cazador furtivo por violación de domicilio y caza de ciervos en reserva natural

Hechos del caso

Allegados a un hombre detenido en la zona de La Fragua, Mendoza, desmintieron el procedimiento en el que fue apresado, argumentando que contaba con autorización para ingresar a los campos donde se llevó a cabo la caza de ciervos. Sin embargo, los propietarios de esos predios lo denunciaron penalmente por violación de domicilio, alegando que su ingreso a las propiedades fue sin consentimiento. Esta controversia pone en el centro del debate la legalidad de las acciones del detenido, quien fue capturado mientras cazaba ciervos colorados en una reserva natural urbana, donde la caza deportiva es estrictamente prohibida.

Caza furtiva y evidencias incriminatorias

El procedimiento policial, calificado como un “abuso de autoridad” por la pareja del detenido, no fue respaldado por la evidencia presentada por la fuerza de seguridad, que reafirmó la legalidad del operativo. De acuerdo al reporte oficial, los ciervos fueron cazados en “propiedad privada” y luego trasladados a una “zona neutral”, donde aparentemente se buscó ocultar la evisceración y desposte de los animales. Este acto se agrava al involucrar un arma de fuego que no pertenecía al detenido, sino a un individuo ya fallecido, lo que implica otra infracción a la ley.

Infracciones legales y repercusiones

Los delitos que enfrenta el detenido son múltiples. Se le imputa violación de domicilio por ingresar de manera ilegal en al menos dos establecimientos rurales, además de la portación ilegal de armas y la caza en un área protegida, contraviniendo las leyes 189 bis del Código Penal y las leyes 22421 y Q2056. En este contexto, los responsables de los campos denunciaron la acción no solo como una violación a la propiedad, sino también como un ataque a la conservación de la fauna local, al realizar estas actividades en un área donde la ecología debe ser preservada.

La situación refleja la creciente preocupación por la caza furtiva y el respeto por las normativas que protegen la biodiversidad, y su tratamiento en el marco legal es esencial para evitar que estos casos se repitan en el futuro.