Un Hito Judicial en la Protección de Derechos: La Anulación del Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Recientemente, se ha hecho historia en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. La Justicia federal, bajo la dirección del juez Adrián González Charvay, ha anulado el veto presidencial sobre la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Esta ley, aprobada el 10 de julio, tenía como objetivo brindar apoyo económico y social a niños y adultos con discapacidad hasta 2026, con la posibilidad de prorrogarse. El veto del Presidente, que se justificó por la necesidad de mantener un equilibrio fiscal, dejó a familias como la de dos hermanos de 11 años en una situación preocupante, ya que su educación y tratamientos terapéuticos estaban en riesgo por la falta de financiamiento estatal.
Los menores afectados, quienes padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”, asistían a una escuela especializada y a una institución educativa terapéutica. Ambas estaban al borde del cierre debido a la escasez de recursos, lo que obligaba a sus directores a recurrir a préstamos y donaciones. El juez Charvay enfatizó que el veto presidencial constituía una “discriminación evidente hacia las personas con discapacidad”, resaltando que esta restricción al financiamiento vulneraba compromisos internacionales en derechos humanos, exponiendo a los niños a un riesgo vital en sus terapias esenciales.
A medida que avanza la discusión sobre este fallo, también se reaviva la controversia sobre el rol del Estado en la protección de las personas con discapacidad. El juez Charvay no solo habló de la vulnerabilidad de estos menores, sino que también hizo eco de la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho al cuidado como fundamental y exigible, especialmente para quienes están en situaciones de dependencia extrema. La decisión del tribunal abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo las políticas públicas deben atender las necesidades de las personas con discapacidad, fundamentando la exigencia de un apoyo estatal efectivo y continuo.
Este giro judicial no solo es un alivio para las familias afectadas, sino que también representa un paso crucial en la lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales. A medida que se delinea el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se espera que este fallo inspire un cambio en la forma en que el gobierno argentino trata a sus ciudadanos más vulnerables. La discusión continúa sobre cómo garantizar que se escuchen y se respeten los derechos de las personas con discapacidad, y cómo el Estado debe poder salir al encuentro de sus responsabilidades sociales y jurídicas.
