Crece el Escándalo de Corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
El reciente escándalo de corrupción que sacude la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se convierte en un tema ineludible en la agenda pública, salpicando a figuras de alto perfil como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En solo un año, los contratos firmados con la Droguería Suizo Argentina han visto un incremento desmesurado del 2.678%, lo que suscita serias dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. Hasta hace poco, la empresa manejaba contratos por un total de 389 millones de pesos; sin embargo, esta cifra se ha catapultado a unos asombrosos 108 mil millones, lo que genera alarmas sobre la correcta administración de estos fondos.
Las investigaciones periodísticas, especialmente las llevadas a cabo por el diario “La Nación”, han hurgado en los detalles de estas licitaciones, revelando un panorama que parece estar marcado por la falta de competencia y la posible colusión. Uno de los puntos más llamativos es una licitación que abarca más del 70% de adjudicaciones a la Droguería Suizo Argentina, orquestada por el Ministerio de Salud, que dirige Mario Lugones. Al analizar estas contrataciones, se observa que no solo la droguería participa, sino que también competidores poco habituales, como OCA y Andreani, quienes se centran más en el servicio logístico que en la venta de productos farmacéuticos. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la competencia y la transparencia en el proceso.
En este contexto, la evaluación de la situación toma un giro aún más complejo. La Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha señalado que existen dificultades para implementar normativas restrictivas sobre precios testigo en servicios que no son “estandarizados ni de uso común”. Esta falta de regulación podría haber facilitado un entorno propicio para la concertación de precios exorbitantes y contratos de carácter casi monopolístico, lo que hace que ciudadanos y autoridades se cuestionen la ética detrás de esta gestión y los mecanismos que permiten semejante incremento en los contratos públicos. Las sombras de la corrupción parecen extenderse más allá de lo que inicialmente se percibe, y el escrutinio público se intensifica ante este alarmante panorama.
