La situación se agrava en medio del escándalo de las coimas en la agencia
En Argentina, la realidad de muchas personas con discapacidad ha sufrido un fuerte impacto debido a las recientes auditorías y recortes de pensiones llevados a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este contexto se vuelve aún más complejo con las revelaciones de un escándalo relacionado con supuestas coimas en la misma agencia. Historias de injusticia, sufrimiento y desamparo salen a la luz desde diferentes lugares del país, lo que resuena en el ámbito público y genera una creciente preocupación social. Los trámites burocráticos, que deberían facilitar el acceso a derechos fundamentales, se están convirtiendo en un verdadero calvario para quienes más lo necesitan.
Bajo la dirección de Diego Spagnuolo, las auditorías se presentan como una medida destinada a promover la transparencia, pero, en la práctica, han demostrado ser una trampa para quienes buscan acceder a beneficios esenciales. Adultos mayores con discapacidades físicas y padres de niños con necesidades especiales se enfrentan a una u otra dificultad cuando intentan gestionar sus pensiones. Anécdotas de personas que, tras hacer largas colas en las sedes de ANDIS, descubren que les ha llegado una carta de auditoría que nunca vieron, abundan en el relato de quienes han intentado hacer valer sus derechos. Este desfase administrativo no solo afecta a los beneficiarios, sino también a los más de 1200 prestadores registrados que se encuentran en una situación similar, expuestos a auditorías repletas de inconsistencias y demandas difíciles de cumplir.
Además, la administración actual ha traído consigo cambios significativos. Antes de la reforma de la ley, existía un límite de 75 mil pensiones en todo el país, lo que obligaba a muchas personas a esperar hasta cinco años para ser consideradas. Aunque el gobierno de Javier Milei prometió ampliar los criterios de cobertura, el panorama sigue siendo desalentador. La intención detrás de las pensiones es, según la perspectiva de Naciones Unidas, considerar a la persona como un individuo con derecho a una vida independiente. Sin embargo, la realidad de recortes y auditorías que priorizan el ajuste financiero sobre la dignidad humana revela el pragmatismo frío del discurso político. El propio Spagnuolo, en un audio, admite que su trabajo “es dar de baja las pensiones”, lo que deja en claro que la inauguración de auditorías ha sido, en virtud de los mandatos de su superior, una forma de desencadenar recortes en un sector que ya se encuentra vulnerable. Así, lo que debería ser un sistema de apoyo se transforma en un mecanismo que aplasta las esperanzas de muchos en una lucha por la sobrevivencia.
