La defensa de la libertad de prensa a través del dictamen del fiscal Carlos Stornelli
En un reciente episodio que ha encendido el debate sobre la libertad de prensa en Argentina, el fiscal Carlos Stornelli tomó una decisión crucial al desestimar el pedido de allanamientos solicitados por la exministra Patricia Bullrich. Esta solicitud había sido formulada con la intención de investigar a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, quienes habían publicado audios comprometedores relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su directora, Karina Milei. Stornelli subrayó la importancia de proteger las fuentes periodísticas, afirmando que su acceso no puede ser vulnerado en el marco de la investigación. Este enfoque resalta un compromiso esencial: el respeto a la libertad de prensa consagrado en la constitución argentina.
El trasfondo de este enfrentamiento revela una tensión palpable entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación. Durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, Bullrich había instado a la justicia a investigar a los medios que habían divulgado los audios, un movimiento que algunos analistas consideran un intento de censura. Sin embargo, Stornelli fue firme en su resolución: “Está prohibido hurgar en las fuentes de los periodistas”. Este pronunciamiento no solo reafirma el rol crucial de la prensa en una democracia, sino que también establece un precedente importante en la protección de los derechos individuales frente a las acciones gubernamentales.
La situación se complica aún más con la reciente denuncia penal contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad, presentada por el abogado Gregorio Dalbón. Este denuncia sostiene que la intención detrás de los allanamientos solicitados es silenciar y coartar la libertad de expresión en el país. A su vez, la acusación apunta a una posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional, sugiriendo que las acciones del Ministerio de Seguridad estarían en contradicción con la normativa constitucional y los derechos humanos. Mientras tanto, la controversia continúa agitando el panorama político y judicial, con voces que argumentan a favor y en contra de las implicaciones de estas acciones en la libertad informativa, un pilar fundamental de la sociedad democrática.
