El legislador rionegrino José Luis Berros ha estado en el centro de una controversia que ha puesto de relieve la opacidad del manejo de recursos públicos en la provincia. Su solicitud de acceso a la información sobre un contrato firmado por el gobierno con una consultora privada para controlar las licencias médicas del personal público no solo enfrentó negativas iniciales, sino que también desencadenó un prolongado proceso judicial. Tras varias gestiones, que incluyeron cartas documento y una acción de mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, finalmente la administración de Alberto Weretilneck reveló que el Estado paga anualmente $3.500 millones a esta empresa. Este escándalo no solo refleja una falta de transparencia, sino que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos.
La revelación del contrato ha suscitado duras críticas por parte de Berros, quien destaca que el uso de la estructura de la aseguradora Horizonte Seguros por parte de la consultora implica un “vaciamiento deliberado” del sistema de control estatal. Según Berros, este acuerdo resulta en un desembolso anual de fondos públicos que, lejos de abordar el problema de las licencias médicas, perpetúa la ineficacia de la gestión gubernamental. En su opinión, los supuestos abusos en el uso de licencias no son culpa de los trabajadores, sino más bien una prueba de la ineficiencia del propio Estado para ejercer el control necesario en estas cuestiones. Esto pone en jaque la lógica detrás de la tercerización de estos servicios, que debilita aún más la rendición de cuentas en el sector público.
Otro aspecto crucial que resalta Berros es la falta de supervisión legislativa del contrato millonario. Si bien su posición no defiende prácticas irregulares, exige que haya transparencia en el manejo de fondos públicos. Critica que este tipo de contratos no haya pasado por el control de la Legislatura, un mecanismo que debería asegurar que los intereses de los rionegrinos estén protegidos. Apunta que, en otras provincias como Buenos Aires, iniciativas similares no han tenido éxito, lo que genera aún más dudas sobre la eficacia del contrato en cuestión. Berros subraya la importancia de que todos los ciudadanos tengan acceso a esta información, ya que son ellos quienes, al final, están pagando la cuenta.