Paro Nacional de Salud: Una Lucha por los Derechos Sanitarios
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un Paro Nacional de Salud para el miércoles 17 de septiembre. Esta movilización incluirá una manifestación frente al Congreso Nacional con un reclamo central: el rechazo a los vetos propuestos por el presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas leyes tienen el objetivo de ofrecer protecciones críticas ante el contexto de ajuste y crisis económica que enfrenta el país. Durante este día de protesta, se espera que las actividades se intensifiquen en diversas localidades, donde las conducciones sindicales definirán los puntos de concentración y las modalidades de las acciones, garantizando solo guardias mínimas en hospitales y centros de salud.
La Visión de Rodolfo Aguiar
El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su preocupación ante lo que considera una crisis en el sector salud. En sus declaraciones, enfatizó: “No se puede ajustar sobre la Salud y la Educación. Recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal”. Su análisis es contundente; sostiene que el enfoque actual del Gobierno promueve un sistema en el que solo quienes posean recursos económicos puedan acceder a atención médica y educación, dejando a una gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad. Aguiar también hizo hincapié en la innegable necesidad de que el Congreso rechace los vetos presidenciales, afirmando que “frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables”.
Demandas Específicas del Sector Salud
El reclamo no se limita a la defensa de leyes; también incluye propuestas concretas. La Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica busca asegurar una recomposición salarial para los trabajadores de salud y la exención del Impuesto a las Ganancias para personal involucrado en horas extras y guardias. Además, estipula la necesidad de un aumento presupuestario para garantizar el funcionamiento de hospitales públicos como el Garrahan, así como la continuidad del sistema de residencias y formación de profesionales. Por otro lado, la Ley de Financiamiento Universitario también se encuentra bajo la lupa, ya que propone un aumento del presupuesto atado a la inflación acumulada en los últimos dos años y establece una recomposición salarial para docentes basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, ATE y su liderazgo continúan abogando por un sistema de salud y educación accesible y de calidad, en un momento en que los recursos públicos están viendo recortes significativos.
