La Controversia por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la suspensión de la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad ha desatado un intenso debate político en Argentina. Esta ley, que había sido promulgada tras ser ratificada por el Congreso con un amplio respaldo, tiene como objetivo garantizar derechos y servicios esenciales a las personas con discapacidad. Sin embargo, la administración de Milei ha argumentado que no cuenta con las partidas presupuestarias necesarias para llevarla a cabo, una afirmación que ha sido cuestionada por varios sectores de la política. Legisladores de diferentes bloques consideran esta decisión como un acto inédito que podría tener repercusiones legales y políticas serias.
La controversia se centra en el uso de un mecanismo que varios legisladores han calificado de “creatividad legislativa”, ya que el Ejecutivo, tras el veto presidencial a la ley, la ratificó nuevamente sin considerar las implicancias que tendría su aplicación. La ley no solo fue promulgada, sino que también incluía un artículo que delegaba en el jefe de Gabinete la facultad de realizar modificaciones presupuestarias para garantizar su implementación. Sin embargo, la suspensión ha llevado a varios parlamentarios a evaluar acciones legales, incluyendo denuncias penales y un posible juicio político contra el presidente Milei.
Dentro de este marco, el bloque dirigido por Miguel Ángel Pichetto ha decidido dar un paso más allá e impulsar una moción de censura contra Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. Este movimiento busca poner en evidencia lo que consideran violaciones de la normativa vigente, poniendo en tela de juicio la legalidad del Decreto 681/2025 que suspendió la ejecución de la ley. Diversos sectores, como la Coalición Cívica Maldina, han abogado también por un análisis exhaustivo de la situación y han calificado la maniobra gubernamental como anticonstitucional, afirmando que se trata de un intento de alteración del proceso legislativo que podría sentar un peligroso precedente en la división de poderes en el país.
