Nuevas Normas para Parques Nacionales: Cambios Controversiales
El 5 de octubre de 2025, la Administración de Parques Nacionales (APN), bajo la presidencia del arquitecto Sergio Alvarez, anunció un nuevo marco normativo que deroga la Resolución 180/2012. Este cambio afecta especialmente a los parques Lanín y Nahuel Huapi, extendiendo las reglas a todas las áreas protegidas en la Patagonia. Las nuevas disposiciones incluyen parámetros más amplios para calcular la ocupación del suelo y las superficies edificables, como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT). Esto, en la práctica, permite incrementar el volumen edificable permitido, lo que ha generado preocupación entre distintos sectores.
Justificaciones y Críticas
Desde la APN, se argumenta que es necesario “actualizar criterios constructivos” para adaptarse a usos turísticos y recreativos actuales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alzan la voz, advirtiendo que estas modificaciones buscan, en realidad, flexibilizar el control sobre emprendimientos privados en los parques nacionales. Esta percepción de laxitud es alarmante, especialmente considerando la escasez de personal técnico para fiscalizar el cumplimiento de las normas, lo que pone en riesgo la integridad de las áreas protegidas. El riesgo no es solo teórico; lo que podría parecer una mejora en la regulación, podría terminar siendo una invitación a la expansión perturbadora en territorios antes protegidos.
Desafíos en la Fiscalización
La reciente resolución asigna a la Dirección Nacional de Infraestructura y a la Coordinación Zona Sur la supervisión de este nuevo reglamento. Sin embargo, la falta de mecanismos claros de transparencia y control público plantea dudas sobre su aplicación efectiva. Actualmente, la Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 363 combatientes de incendios forestales, muy por debajo del mínimo necesario de 700. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre sobre cómo se implementarán estos nuevos criterios, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha señalado la drástica disminución del personal operativo, lo que dificulta aún más la tarea de preservar nuestros espacios naturales. La combinación de menos control y más riesgo podría llevar a un desbalance preocupante entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental, un dilema que enfrenta a nuestro país en esta nueva etapa normativa.
