La relación entre política y narcotráfico en Río Negro: Un escándalo al descubierto
En un reciente acto en Viedma, el gobernador Alberto Weretilneck aprovechó la entrega de ambulancias y vehículos al Ministerio de Educación para señalar, de manera contundente, la conexión entre figuras políticas y el narcotráfico en la provincia de Río Negro. Durante una rueda de prensa, exhibió fotografías de los hermanos Soria, Martín y María Emilia, junto a Pablo Montecino, líder de un clan narcotraficante y estafador de autos en Cipolletti. Con un lenguaje directo, Weretilneck aseguró que esta era “la verdadera relación entre política y narcotráfico”, poniendo en la mira la gravedad de las acciones del grupo de Montecino, conocido por su historial de violencia y asesinatos en la región.
Además de los Soria, el gobernador también mencionó a Fred Machado, un empresario actualmente acusado de narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. Weretilneck recordó la única reunión que tuvo con Machado, un encuentro breve que ocurrió hace aproximadamente diez años. Según el gobernador, la charla giró en torno a la posibilidad de inversiones en la provincia, resaltando que nunca se concretó nada tras aquella interacción y que no hubo más contacto posterior. Esta anécdota busca distanciar su figura del empresario, cuya vinculación con el narcotráfico ha levantado más de una ceja en el ámbito político.
Finalmente, la figura de Claudio Ciccarelli se sumó al debate cuando se hizo alusión a su conexión con la campaña de José Luis Espert en 2019. Ciccarelli, empleado de la Secretaría de Deportes provincial, había sido vinculado con Machado, lo que añade otra capa al complejo entramado de relaciones. Weretilneck precisó que Ciccarelli había trabajado en el club Deportivo Viedma, enfatizando que su tarea estaba vinculada a actividades deportivas y no tenía relación con el narcotráfico. En medio de este torbellino de acusaciones, el gobernador ratificó que la contabilidad de su partido, Juntos Somos Río Negro, está clara y sin observaciones judiciales, intentando sostener la integridad de su gestión política en un clima de creciente desconfianza.
