Aporte de las ART y su Impacto en las Comisiones Médicas
La reciente resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), publicada en el Boletín Oficial, ha determinado que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deberán destinar $14.332 millones para el sustento financiero de las Comisiones Médicas. Esta medida responde a la necesidad de afrontar los costos operacionales de estas comisiones, cuya relevancia se ha multiplicado en un contexto donde se busca reducir los gastos laborales. El fondo creado en agosto de 2023 tiene como objetivo asegurar que las Comisiones puedan seguir desempeñando su función esencial: adjudicar indemnizaciones tras accidentes o enfermedades laborales, afectando a un total de aproximadamente 8,6 millones de trabajadores tanto del sector privado como público.
La justificación detrás de esta obligación impuesta a las ART está fundamentada en un análisis exhaustivo de los gastos y la litigiosidad que afectan el sistema. En este sentido, se observa una creciente cifra de casos judiciales, estimándose que en 2023 ingresarán alrededor de 130.000 nuevos expedientes en los juzgados a nivel regional. A pesar de un aparente descenso en los siniestros reportados, con cifras que indican hasta un 80% de disminución, la conflictividad judicial no cede. Esto plantea un dilema intrincado en el que se contraponen las regulaciones nacionales y la autonomía de las jurisdicciones provinciales en materia de derecho laboral.
El Gobierno Nacional, consciente de esta complejidad, está promoviendo un acercamiento a los gobernadores para instaurar un marco normativo más armonizado que limite tanto el costo para las empresas como la litigiosidad en el ámbito laboral. Este movimiento ha sido respaldado por voces críticas dentro del sector, como Mara Bettiol, líder de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, quien enfatiza la urgencia de reformar los cuerpos médicos forenses para garantizar una mayor independencia y justicia. A medida que se navega por este entramado de intereses y necesidades, queda claro que el futuro del sistema dependerá de cómo se logren equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad económica para las empresas y las ART.
