Comercio y Servicios: La Revolución Fiscal en Córdoba
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, está a punto de presentar un Presupuesto 2026 que promete ser un cambio radical en la estructura fiscal de la provincia. Este viernes, la Legislatura se convertirá en el centro de atención al dar a conocer un plan que busca aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos y reactivar la economía local. Una de las medidas más relevantes es la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos, que bajará del 3,5% al 2,5%. Este ajuste beneficiará a aproximadamente el 64% de los comerciantes, una decisión que se enmarca en un compromiso por hacer frente a las dificultades económicas que enfrenta la población cordobesa. La idea es que aliviando los costos para pequeños y medianos empresarios, se fomente un ambiente más propicio para el crecimiento del comercio y los servicios.
Además de la reducción de Ingresos Brutos, el plan fiscal incluye atractivos incentivos para los inversores. Aquellos que decidan participar en proyectos bajo la Ley de Promoción Industrial o los programas de Igualdad Territorial podrán acceder a una alícuota del 0%. Esto es especialmente relevante para las regiones del noroeste y sur-sur de la provincia, que históricamente han sido desatendidas. Se ha señalado que hasta un 5% de la recaudación total, que rondaría los $154 mil millones, está destinado a impulsar estas inversiones productivas. De esta manera, el gobierno está buscando un equilibrio entre atraer capital y responder a las necesidades de las áreas más vulnerables.
Por otro lado, el ajuste fiscal también tendrá un impacto notable en el sector inmobiliario. Se estima que el 41% de los contribuyentes verá una reducción en su carga fiscal relacionada con el Inmobiliario Urbano, mientras que solo un pequeño segmento experimentará modificaciones nominales, que se mantendrán siempre por debajo de las tasas de inflación proyectadas. En cuanto al sector agropecuario, cuyas altibajos son bien conocidos, se han alcanzado nuevos acuerdos que benefician a los productores. La actualización del Inmobiliario Rural, que canaliza los recursos hacia el Fondo de Desarrollo Agropecuario, se acompaña de descuentos para contribuyentes cumplidores y beneficios por adoptar Buenas Prácticas Agropecuarias. Aunque se prevé una pérdida de aproximadamente $250 mil millones, las autoridades confían en que este esfuerzo financiero se traducirá en un aumento de producción e infraestructura a largo plazo.
