La Canasta de Consumos Mínimos: Un Límite Crítico para las Familias
Recientemente, ATE Indec, la organización de trabajadores estatales, presentó un informe alarmante que establece que el ingreso mensual mínimo necesario para una familia tipo en Argentina supera los 2 millones de pesos, concretamente $2.027.283. Este estudio subraya la situación crítica que enfrenta una familia compuesta por dos adultos y dos hijos en edad escolar, que requiere una suma significativa solo para cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, la canasta alimentaria mínima se eleva a $691.887, lo que pone de relieve la difícil realidad económica que atraviesan muchas familias argentinas.
La Pérdida de Poder Adquisitivo
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la pérdida histórica del 54,8% en el poder de compra de los salarios públicos desde diciembre de 2015. Si se ajustara el salario de un trabajador testigo del SINEP por inflación, debería ser de $1.417.335, pero la cruda realidad es que actualmente se sitúa en $636.289. Esta disparidad revela una crisis profunda en el mundo laboral, exacerbada por la inflación que, desde la asunción de La Libertad Avanza, ha alcanzado un alarmante 241%. Los trabajadores monotributistas, quienes no han visto ajustes en sus ingresos desde hace más de un año, enfrentan una pérdida acumulada que supera los $5.368.253, dejando a muchos en una situación de vulnerabilidad económica.
Demandas Urgentes al Gobierno
Con estos datos en la mano, ATE Indec no ha tardado en exigir al Gobierno Nacional una serie de medidas de emergencia para mitigar la crisis salarial. Entre las solicitudes más destacadas se encuentra un aumento del 118% en una sola cuota para compensar la pérdida de salario, así como un bono mensual de $250.000 para todos los trabajadores estatales. Además, la organización reclama la reapertura urgente de la mesa paritaria sin topes en la negociación y un pase a planta permanente sin quita salarial, asegurando que ninguna persona reciba un salario por debajo de la línea de pobreza. Estas demandas representan un llamado urgente a la acción para abordar una situación que, de no ser atendida, podría deteriorar aún más la calidad de vida de miles de familias en el país.
