Nuevas Restricciones al Derecho de Huelga en Argentina
Recientemente, el Gobierno nacional emitió el decreto 340/2025, que ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre los actores sociales. Con esta medida, se han impuesto restricciones más severas al ejercicio del derecho de huelga, ampliando la lista de actividades esenciales y de importancia trascendental que deben garantizar un funcionamiento mínimo durante los conflictos laborales. Según el decreto, estas actividades ya no podrán cesar completamente sus operaciones, debiendo garantizar un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75%. Las implicaciones de esta resolución son profundas, ya que afectan directamente la capacidad de negociación colectiva y pueden limitar los derechos de los trabajadores a expresarse a través de la huelga.
Entre las actividades afectadas por esta normativa, se destacan sectores vitales como los servicios de salud, el transporte de energía y agua, y las telecomunicaciones, que deben operar con al menos el 75% de su capacidad en caso de huelga. Esto incluye hospitales, farmacias, así como el transporte marítimo y terrestre. Por su parte, las actividades que se consideran de "importancia trascendental" deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 50%. Entre ellas, figuran la producción de medicamentos, servicios de radio y TV, y el comercio electrónico, lo que plantea una nueva realidad para trabajadores y empleadores en estos rubros críticos.
Las reacciones ante el decreto han sido diversas y, en muchos casos, contundentes. Líderes sindicales y expertos en derecho laboral han criticado la medida, catalogándola como un ataque a los derechos laborales. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ha expresado que esta política "prácticamente prohíbe hacer huelgas", y se cuestiona la justificación del decreto, que originalmente se enfocaba en la desregulación del transporte marítimo. Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma, añade que la ley equipara la importancia de un hospital con la de un bar, señalando así la desvalorización de servicios esenciales. Estas opiniones reflejan una creciente preocupación por la repercusión que este decreto podría tener en la defensa de los derechos laborales en Argentina.