Aumento de tarifas de electricidad y gas: un nuevo desafío para los hogares argentinos
El gobierno de Javier Milei ha anunciado un incremento del 3% en las tarifas de electricidad y gas, una medida que comenzará a regir a partir del 1 de febrero de este año. Esta modificación, divulgada por los entes reguladores de ambos servicios, responde a un ajuste en el sistema que, a pesar de su finalidad de optimizar la distribución de recursos, impactará de manera significativa en la economía familiar. Para miles de hogares de clase media, la eliminación de la segmentación tarifaria y la reducción de subsidios implican un nuevo reto frente a un escenario inflacionario que ya es complejo. La medida, aunque busca garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan, también añade presión a los bolsillos, lo que podría intensificar la preocupación por los gastos mensuales.
Detrás de estos ajustes se encuentra la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU) para el gas natural, una estrategia diseñada para suavizar el impacto de la estacionalidad. Este fenómeno suele llevar a picos en el consumo y a facturas elevadas durante los meses de invierno. Con el objetivo de facilitar la planificación financiera de las familias, el PAU propone una “tarifa plana” que permitirá prever los gastos energéticos a lo largo del año. Este enfoque, implementado en el marco del plan Gas.Ar, promete ofrecer más estabilidad en las facturas, ayudando a los hogares a evitar sorpresas en sus consumos que, a menudo, generan preocupación y stress financiero.
Además de estos cambios, se han establecido bonificaciones específicas en el consumo eléctrico, fijando umbrales de consumo de 300 kWh para los meses de mayor demanda y de 150 kWh en el resto del año. Por su parte, el gobierno también ha enfocado esfuerzos en la bonificación del Sistema de Estabilización de Precios (SEF) para el gas, buscando reducir el costo promedio bajo el mismo plan. Es fundamental destacar que estas bonificaciones se aplicarán únicamente al precio estabilizado, sin incluir compras adicionales que se realicen fuera del acuerdo. De esta manera, se intenta mantener tanto el sistema de distribución de energía como el bienestar de los hogares frente a un panorama energético global que sigue ajustándose y complicándose.
