El Debate sobre la Ley de Glaciares: Tensión entre Desarrollo y Protección Ambiental
El clima político y social en Argentina se intensifica a medida que se acerca el debate sobre la propuesta del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares. Programado para el próximo martes 10 de febrero, este debate no solo pondrá a prueba la capacidad del ejecutivo para implementar cambios significativos, sino que también reflejará el pulso entre quienes abogan por el desarrollo económico y aquellos que defienden la protección del medio ambiente. La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, ha sido un punto de contención entre las autoridades nacionales y provinciales, y la modificación propuesta busca, entre otras cosas, dar más autonomía a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
Uno de los aspectos más discutidos es el artículo 41 de la Constitución, que establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente. Bajo esta premisa, la Ley de Glaciares original restringe actividades extractivas en regiones glaciares y periglaciares, creando un marco de protección estricto. Sin embargo, desde el gobierno se sostiene que esta legislación ha generado tensiones innecesarias, obstaculizando la productividad provincial y creando un “limbo” regulatorio que, según sus críticas, limita el desarrollo local y el manejo responsable de los recursos naturales.
Por otra parte, el rechazo a estas enmiendas por parte de diversos sectores es contundente. Organizaciones como el Observatorio de lo Silvestre y figuras como la abogada ambientalista Valeria Brunone sostienen que los cambios propuestos desmantelan los principios de protección ambiental consagrados en la ley original. En particular, la redefinición de la “utilización racional de los recursos” y la transformación del Inventario Nacional de Glaciares a un instrumento meramente consultivo suscitan preocupaciones sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas ante presiones económicas. La nueva interpretación del artículo 3 bis, que permitiría la eliminación de la protección a glaciares considerados “no indispensables”, añade una capa de complejidad y riesgo, llevando a muchos a preguntarse hasta dónde se está dispuesto a llegar en el nombre del desarrollo.
