La Reforma del Sistema Penal Juvenil en Argentina: Un Cambio de Paradigma
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina de un proyecto de ley impulsado por la diputada Patricia Bullrich marca un hito significativo en el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley. Con 149 votos a favor y 100 en contra, esta iniciativa se plantea como un giro radical en un sistema que ha permanecido sin cambios desde 1980. El foco central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, esta modificación no solo implica un cambio en la edad, sino que abarca un reordenamiento integral de normativas, penas y procedimientos que buscan abordar de manera más efectiva la delincuencia juvenil en un contexto social en constante cambio.
El proyecto redefine las consecuencias penales según la gravedad del delito, estableciendo un marco que incluye sanciones alternativas a la prisión y restringe el encarcelamiento a los casos más graves, como homicidios y violaciones. Para delitos menores, se permitirá la aplicación de medidas correctivas como servicio comunitario, prohibiciones y monitoreo electrónico. Uno de los aspectos sobresalientes es el límite de 15 años de prisión, que plantea una revisión proporcional de las penas y la posibilidad de que los jóvenes cumplan parte de sus sanciones en un entorno no penitenciario, tras haber cumplido dos tercios de su condena. Este enfoque humaniza el proceso penal, al tiempo que promueve la reinserción social de los jóvenes, evitando el contacto con adultos en situaciones de detención.
Otra innovación relevante es la implementación de la mediación penal juvenil, que permite resolver infracciones menores a través de acuerdos entre las partes, priorizando siempre el bienestar de la víctima. Las víctimas tendrán un rol activo en el proceso, con derecho a ser informadas y asesoradas legalmente, así como a recibir apoyo psicológico. La reforma contempla una inversión significativa de más de 23 millones de pesos para garantizar su ejecución, además de permitir que las provincias negocien fondos adicionales. Este respaldo financiero será clave para asegurar que los nuevos principios de justicia sean realmente efectivos y que el sistema comience a reflejar un enfoque más justo y restaurativo hacia la juventud en conflicto con la ley.
