La Controversia entre Lihue Bariggi y el Municipio
La reciente disputa entre el ex candidato a intendente Lihue Bariggi y el delegado municipal Mauro Hernández ha captado la atención de la comunidad de Bariloche. Bariggi relató que Hernández y un colaborador se presentaron en su hogar, donde supuestamente le advirtieron sobre la ilegalidad de alquilar su propiedad. En un video filmado mientras transcurría este inquietante encuentro, Bariggi no solo expone su versión de los hechos, sino que también critica el manejo del entorno en la Laguna Fantasma. Este espacio natural ha despertado preocupación sobre las intervenciones que se realizan allí y su impacto ambiental.
Las Amenazas y la Denuncia
Durante la conversación que tuvo lugar en su casa, Bariggi fue amenazado con acciones legales, lo que lo llevó a presentar una denuncia por abuso de autoridad y amenazas. El ex candidato explicó que la inquietud surgió tras su video donde se critica la intervención en un área que debería ser protegida. “Me dijeron que siguiera filmando y que tendría que cuidarme a mí y a mi familia”, aseguró Bariggi. Esto ha desatado un debate sobre la ética de las advertencias emitidas por funcionarios públicos y el respeto a la libertad de expresión.
La Respuesta Municipal
La versión del municipio, expuesta por Antonio Zidar, encargado de comunicación de la gestión de Walter Cortes, argumenta que la intervención en la casa de Bariggi responde a quejas de los vecinos sobre el funcionamiento de un complejo de bungalows sin habilitación. “Se realizaron operativos para verificar irregularidades”, afirmó Zidar. Según él, la propiedad está registrada a nombre de múltiples dueños, y aunque algunos gozan de exenciones fiscales, hay cuestiones que aún deben aclararse acerca de su uso. Zidar defendió las acciones de los funcionarios, indicando que cualquier inspección busca asegurar el cumplimiento de normativas vigentes.
Esta situación ha generado un intenso debate en la comunidad, que se pregunta sobre los límites de la fiscalización municipal y la protección de los derechos individuales. Ambos lados del conflicto han dejado claro que seguirán buscando una resolución en este tema que ha puesto en jaque varias normativas locales y el comportamiento de sus funcionarios.
