Un Nuevo Horizonte para la Faena en Río Negro

Un Contexto Desafiante

En la provincia de Río Negro, el panorama de la faena y comercialización de productos de origen animal enfrenta serios desafíos. Mataderos rurales operando sin un marco de control claro, la creciente problemática de la faena clandestina y una normativa fragmentada en tres leyes obsoletas han llevado a la creación de una nueva propuesta legislativa. Esta iniciativa, elevada por el Poder Ejecutivo provincial, busca implementar un régimen integral de habilitación, registro, fiscalización y control sanitario que abarque todas las etapas de la cadena productiva. Los fundamentos del proyecto destacan que la legislación actual “adolece de una marcada dispersión y obsolescencia técnica”, un diagnóstico que justifica la urgencia de una respuesta efectiva.

Detalles de la Propuesta Legislativa

La nueva propuesta contempla la derogación de las leyes existentes, específicamente la Ley E N° 2534 y sus modificatorias, junto con las Leyes E N° 3516 y E N° 3889. Con esta modificación, se jerarquiza al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como la autoridad de aplicación, trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud y la Policía provincial. Uno de los puntos más destacados es la delimitación de competencias entre el Estado provincial y los municipios, diferenciando entre los establecimientos de tránsito provincial y municipal. Además, se fomentarán convenios de colaboración para formalizar la producción artesanal y la agricultura familiar, dando un apoyo esencial a los productores locales.

Compromisos para la Seguridad Sanitaria

Una de las características más importantes de esta iniciativa es la creación de un marco de responsabilidad sobre los procesos de faena. Se introduce la figura del Director Técnico o Directora Técnica en los establecimientos de mayor escala, quien será un profesional matriculado encargado de auditar todos los procesos desde la faena hasta la distribución. También se exige el registro previo de todos los productos, subproductos y derivados ante el Ministerio de Salud, garantizando así la trazabilidad de los productos y una respuesta ágil en caso de alertas alimentarias. En lo que respecta a la sanción, se propone la creación de un Fondo de Apoyo Ganadero, que será financiado con aranceles y multas, destinado a equipar a los cuerpos de inspección necesarios para mantener estándares de calidad y seguridad en la cadena de producción.

Esta propuesta representa un paso significativo hacia una regulación más efectiva y moderna, que busca no solo la salud pública, sino también el apoyo a la economía local y la protección de los derechos de los consumidores.