Reducción de restricciones ambientales en zonas periglaciares: un cambio controversial
En un giro inesperado y polémico, la administración nacional ha decidido modificar la normativa de conservación de glaciares, buscando facilitar el acceso a inversiones mineras, hidrocarburíferas e industriales en zonas que antes estaban a salvo por su valor ambiental. Este nuevo enfoque, que tiene como objetivo la reconfiguración del decreto reglamentario de la Ley de Glaciares, plantea un desafío a los principios de protección del medio ambiente establecidos desde 2010. La propuesta genera preocupaciones sobre el futuro de los glaciares y sus áreas periglaciares, esenciales para la regulación hídrica, especialmente hoy en un contexto de crisis climática global.
Los detalles de esta decisión revelan que el equipo técnico del gobierno está trabajando para reducir las áreas de restricción, señalando que solo se protegerían los territorios con condiciones específicas como actividad de roca y escombro, dimensiones mínimas y un tiempo largo de formación, así como aquellos que estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. Según los funcionarios, esta modificación responde a la necesidad de brindar ‘seguridad jurídica’, permitiendo a las empresas avanzar con proyectos que habían estado paralizados por la ley anterior. Las voces provenientes de sectores empresariales, especialmente de energía y minería, sugieren que este cambio es crucial para trascender límites que han dificultado su operatividad, lo que podría ser un factor determinante en la economía del país.
Por otro lado, diversas organizaciones ecologistas y científicos han alzado la voz en contra de esta iniciativa. Argumentan que la reducción de las protecciones ambientales no solo debilita el resguardo de ecosistemas críticos, sino que abre la puerta a un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias económicas inmediatas sobre la conservación y sostenibilidad a largo plazo. La repercusión internacional tampoco se ha hecho esperar, con críticas y advertencias sobre el riesgo que este tipo de decisiones representa para el patrimonio natural y la imagen del país en el contexto global. A pesar de intentos anteriores de llevar estas modificaciones al Congreso, el gobierno parece decidido a avanzar mediante decretos, una estrategia que seguramente generará un intenso debate en la sociedad sobre el equilibrio entre desarrollo y conservación.
