Escándalo en ANDIS: Revelaciones sobre Daniel Garbellini
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se enfrenta a una crisis sin precedentes después de que surgieran serias acusaciones de corrupción que involucran a su ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Su celular, que será peritado por la justicia en los próximos días, se ha convertido en un punto focal de la investigación. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, ha tomado la delantera en desentrañar un posible entramado de irregularidades que podría abarcar a varios niveles del gobierno y del sistema de salud. La revelación de audios comprometedores de Diego Spagnuolo, el ex jefe de Garbellini, ha avivado aún más las sospechas sobre un sistema clandestino de retornos que podría haber beneficiado a ciertos actores dentro de ANDIS.
Los audios filtrados son alarmantes: en uno de ellos, Spagnuolo menciona explícitamente cómo Garbellini habría manejado los fondos de la agencia, despertando dudas sobre la transparencia de las operaciones. Se ha dicho que, bajo su supervisión, el programa “Incluir Salud” —una iniciativa destinada a asistir a quienes reciben pensiones sin otra cobertura— fue utilizado como un vehículo para el desvío de recursos. A raíz de estas acusaciones, el gobierno decidió cesar a Garbellini, quien, en un intento de colaborar con la justicia, ha entregado su teléfono a las autoridades. Las repercusiones de este escándalo son amplias, ya que la ANDIS ha tenido que recortar significativas prestaciones, dejando a muchos beneficiarios sin la ayuda que tanto necesitan, lo que refuerza la idea de que el escándalo afecta directamente la vida de miles de argentinos.
El caso es seguido de cerca por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes están determinados a esclarecer las implicaciones de este sistema de corrupción. La situación se complica aún más con la inclusión de los dueños de la droguería Suizo Argentina en las investigaciones, señalados como cómplices en este entramado. A pesar de su limitada colaboración con las autoridades, se espera que su involucramiento aporte más luz a las denuncias de coimas y presiones ejercidas sobre prestadores provinciales para liberar pagos estatales. Lo que comenzó como un alivio para quienes necesitaban asistencia ha derivado en una serie de cuestionamientos que amenazan con sacudir los cimientos de una agencia que debería ser sinónimo de apoyo y cuidado para los más vulnerables.
