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Amplia convocatoria en el Congreso para exigir la aprobación de la Emergencia en Discapacidad

Lectura Obligada

La Urgente Movilización por los Derechos de las Personas con Discapacidad

El pasado jueves, el corazón político de Buenos Aires se convirtió en un escenario de lucha y esperanza. Familias de personas con discapacidades, acompañadas por profesionales del ámbito de la salud y la educación, se congregaron frente al Congreso para exigir la rápida aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este proyecto, que ya tuvo luz verde en la Cámara de Diputados, es considerado fundamental para abordar la grave crisis que enfrenta el sistema de asistencia en el país. La jornada de movilización no solo se limitó a la capital; diversas regiones del país también se unieron a este clamor, reflejando un descontento que ha ido creciendo a lo largo de los meses.

Entre las voces que resonaron en la manifestación, se destacó la de Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa. Su intervención ante la Comisión de Salud del Senado puso de manifiesto el déficit en el cumplimiento de compromisos legales fundamentales por parte del Estado. Según Maidana, la situación es crítica y no se trata de pedir beneficios adicionales, sino de restablecer garantías esenciales que aseguren los derechos de las personas con discapacidad. La presión social en torno a la necesidad de dar respuesta a este sector, que ha sido históricamente postergado, se vuelve cada vez más evidente.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca tener un impacto tangible hasta 2027, propone una serie de medidas cruciales para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y sus familias. Entre ellas se encuentran la regularización de pagos, ajustes de aranceles y reformas en las pensiones no contributivas. Además, se plantea el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin de garantizar una mejor gestión y mayor transparencia. Todo esto está enmarcado en un contexto de creciente preocupación por el futuro de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad, donde las compensaciones económicas y la actualización del Certificado Único de Discapacidad se presentan como pasos necesarios hacia el respeto y la protección de este colectivo vulnerable.

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