La Urgente Necesidad de Actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Río Negro
El aumento de irregularidades y la desprotección de los bosques nativos en Río Negro son asuntos urgentes que claman por atención. En un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se hizo un llamado a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, conocido como OTBN. Este proceso de revisión comenzó en 2019, pero hasta la fecha, no hay evidencia de que la Legislatura haya sancionado una nueva ley que implemente estas cambios. Los mandantes argumentan que la falta de un marco normativo actualizado por parte del Estado no solo es ilegal, sino que también representa una omisión que podría acarrear serias consecuencias ambientales.
La ausencia de un OTBN eficaz dificulta la gestión adecuada de los bosques nativos, pues sin comisión autorizada para desmonte o manejo, se abre una puerta a la degradación y a impactos ambientales negativos. Esta situación es especialmente alarmante, ya que conllevan un riesgo inminente para el medio ambiente. Citan experiencias pasadas y marcos legislativos que demuestran la necesidad de un ordenamiento efectivo para garantizar la preservación de estos ecosistemas. Gracias a un correcto OTBN, cualquier actividad relacionada con el uso del bosque debería contar con la autorización correspondiente, lo cual se pone en entredicho ante la falta de un marco regulatorio claro y actualizado.
El STJ ha instado a la provincia a elaborar un plan de trabajo para la revisión del OTBN en un plazo de 30 días, indicando que este proceso debe ser ágil y eficaz. Sin embargo, el debate persiste. Mientras que algunos sostienen que la urgencia de esta revisión es crítica y que la falta de una respuesta rápida podría llevar a daños ambientales irreparables, otros discrepan, afirmando que la provincia ya cuenta con un ordenamiento en vigor que delimita áreas protegidas y le permite recibir financiamiento nacional. Este desacuerdo subraya la complejidad de la situación: se enfrenta no solo a cuestiones legales y normativas, sino también a la participación ciudadana y al impacto real que las decisiones puedan tener sobre el medio ambiente en un contexto de creciente urbanización.
