La Corrupción en Argentina: Un Retroceso Alarmante
En los últimos dos años, el panorama de la corrupción en Argentina ha empeorado, lo que se refleja en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Durante la segunda gestión del presidente Javier Milei, el país ha caído cinco posiciones, situándose en el puesto 104 de 182 países evaluados, con apenas 36 puntos sobre 100 posibles. Este descenso no es solo una cuestión de cifras, sino una señal clara de que las políticas públicas para combatir la corrupción no han sido efectivas ni sostenidas. En un contexto regional, Argentina está por debajo del promedio de las Américas, que se sitúa en 42 puntos, y más cerca de naciones con serias dificultades en materia de transparencia como Belice y Ucrania.
La falta de acción concreta en la implementación de políticas anticorrupción ha sido un factor determinante en este retroceso. Según Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, la ausencia de interés del gobierno en empujar iniciativas que promuevan la transparencia ha sido evidente. Ejemplos recientes como el caso $LIBRA y los sucesos relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han generado desconfianza y han evidenciado un contexto en el que las acciones correctivas han brillado por su ausencia. Esta situación plantea interrogantes sobre la voluntad del gobierno para afrontar estos problemas y reafirma la necesidad de un enfoque más riguroso y comprometido en la lucha contra la corrupción.
En el escenario internacional, Argentina se enfrenta a una dura competencia en términos de transparencia y ética gubernamental. Comparativas con países como Canadá y Uruguay, que lideran la región en este aspecto, resaltan la discrepancia en las políticas públicas adoptadas a lo largo del tiempo. Mientras Dinamarca y Finlandia se destacan por sus altos puntajes, que son el resultado de un enfoque sistemático hacia la transparencia, Argentina parece estar estancada. Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, enfatiza que abordar la corrupción y la ética en el gobierno es una “deuda urgente”. Este llamado a la acción es crucial; la transparencia no es solamente una meta deseada, sino un proceso continuo que exige el compromiso tanto de ciudadanos como de autoridades para garantizar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses particulares.
