La Ley de Presupuesto 2026: Un Impacto Directo en el Estado
Luego de la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuesto 2026, el contexto no puede ser más preocupante. Tal como lo señala Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, la nueva normativa establece una drástica disminución de recursos en áreas críticas como ciencia y tecnología, salud y educación. En sus propias palabras, Aguiar mencionó que esta ley “reduce a la mínima expresión la capacidad del Estado”, subrayando que el recorte es peligroso y compromete la prestación de servicios esenciales. La magnitud de la disminución en sectores clave es abrumadora: se prevé una reducción del 48,8% en Función Ciencia, Tecnología e Innovación, 39% en el CONICET, 47,3% en Educación y Cultura, y hasta un impactante 87,5% en Asignaciones Familiares.
Un Contexto de Aumento para la Ex SIDE
A medida que el presupuesto se recorta en áreas fundamentales, Aguiar es claro en sus acusaciones: “En el sector público, los únicos que festejan son los servicios de inteligencia”. Mientras que otras áreas sufren disminuciones drásticas, el presupuesto para la ex SIDE ha crecido un 19% en términos reales. Esta situación plantea interrogantes sobre el destino de esos fondos y provoca preocupación en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca. La diferencia entre los titulares de presupuesto sugiere una creciente priorización de ciertos sectores sobre otros, a expensas de servicios básicos y de calidad de vida para la población.
Desigualdad y la Proyección de Inflación
Aguiar también aborda la proyectada inflación del 10,1% para 2026, argumentando que es casi un desafío a la lógica. La aceleración inflacionaria, que comenzó en mayo, evidencia una desconexión alarmante entre las expectativas del gobierno y la realidad económica. “Ni los más fanáticos libertarios pueden creer que la evolución de los precios será sólo del 10%”, expresó, sugiriendo que esta proyección actúa como una herramienta para justificar ajustes en salarios y jubilaciones. Además, la ley acentúa desigualdades en la distribución de recursos y bloquea inversiones, socavando aún más el federalismo en el país. Aguiar lanza una crítica a aquellos senadores que apoyaron la norma, acusándolos de traicionar la confianza de sus electores en nombre de una gobernabilidad que, a su juicio, está conducida al fracaso.
