Crisis en la Salud Pública: El Paro Nacional de ATE
Veto a la Ley de Emergencia Pediátrica
El pasado 11 de septiembre de 2025, el presidente Javier Milei tomó una decisión que ha encendido la chispa del descontento: el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, la cual garantizaba financiamiento para el emblemático Hospital Garrahan. Este hecho no solo afecta a las instituciones de salud, sino que impacta directamente en el acceso a la salud de toda la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Ante este panorama, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ha anunciado un Paro Nacional con movilización como respuesta a lo que considera una crisis terminal en el sistema sanitario público.
La Lucha por los Derechos de los Trabajadores
Durante una reciente conferencia, Aguiar enfatizó que “el equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo”, haciendo eco del malestar general que sienten los trabajadores de la salud. Las reiteradas reducciones presupuestarias en hospitales han llevado a una situación crítica, marcada por escasez de insumos y medicamentos. “Es inaceptable que los hospitales se vean obligados a cerrar y que tanto trabajadores como pacientes queden a la deriva”, declaró Aguiar, instando a los afiliados a prepararse para una huelga nacional con el fin de denunciar estas condiciones y exigir salarios dignos para el personal hospitalario.
Un Gobierno en Jaque
En un tono preocupado, Aguiar también abordó la postura del gobierno respecto a la expresión popular. “El Gobierno se empecina en negar el mensaje de las urnas”, señaló, refiriéndose a las elecciones que demostraron un claro rechazo al ajuste fiscal. Aunque Milei asegura que seguirá adelante con sus políticas, el Secretario General de ATE sostiene que su gobierno se encuentra en un estado de agonía. Las protestas y reclamos están destinados a intensificarse, ya que los trabajadores de la salud y la comunidad en general no están dispuestos a aceptar más recortes en un área tan vital como es la salud pública.
El reclamo central radica en la recomposición salarial del personal que trabaja en la asistencia sanitaria pediátrica, asegurando que todos tengan acceso a la salud y a un trato digno en su labor diaria, un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
