ATE se Levanta ante Amenazas de Despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha emitido un contundente comunicado que alerta sobre una nueva amenaza de despidos en la Superintendencia de Servicios de Salud. En respuesta, el gremio ha decidido implementar medidas de protesta “a la japonesa”, que buscan visibilizar el riesgo del vaciamiento del organismo. Estas acciones se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo, según resolvió una asamblea en la sede central del organismo. La estrategia incluye atender y acelerar reclamos en la puerta de entrada de la superintendencia, enfatizando la crucial función que desempeñan los empleados en la defensa del derecho a la salud.

Denuncias de Conductas Delictivas

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ha señalado con claridad que hay conductas delictivas por parte de las autoridades, a quienes acusa de paralizar deliberadamente los reclamos, lo que a su criterio atenta contra el derecho a la vida de las personas. En sus declaraciones, Aguiar enfatiza que la gestión actual busca “favorecer negocios multimillonarios a expensas de la salud de los ciudadanos”. Esta crítica se dirige especialmente al superintendente Claudio Stivelman, a quien se responsabiliza de acallar las demandas de los usuarios, lo que podría resultar en consecuencias fatales para muchos pacientes.

Sanciones Desiguales y Prácticas Ilegales

Además de las denuncias sobre despidos y la gestión de los reclamos, ATE ha puesto el foco en las sanciones desiguales que se aplican en la Superintendencia. Según el sindicato, las autoridades sancionan con rigor a las obras sociales más pequeñas, mientras que hacen la vista gorda ante las irregularidades de las empresas de medicina prepaga. Aguiar también ha denunciado la legalidad de ciertas prácticas como el cobro de plus y coseguros diferenciados, que no solo son cuestionables desde un punto de vista ético, sino que también violan el Plan Médico Obligatorio. En este contexto, ATE se muestra contrario a la implementación del sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, al considerar que podría trasladar costos adicionales a los beneficiarios y fomentar la judicialización de los conflictos.