La Modificación del Monto de Cuota Alimentaria en Bariloche: Una Decisión Justa
La Cámara de Apelaciones de Bariloche ha dado un importante paso en la defensa de los derechos de los menores al modificar una sentencia de primera instancia que fijaba una cuota alimentaria. La decisión se fundamenta en un análisis exhaustivo de la situación económica actual y el alto costo de vida en la región patagónica. En este contexto, el tribunal ha determinado que el progenitor deberá cubrir el equivalente a dos canastas de crianza, así como asumir los gastos de una escuela técnica privada y la mitad de los costos extraordinarios del hijo. Este fallo no solo refleja una actualización de la prestación alimentaria, sino que también subraya la necesidad de un enfoque más inclusivo y adaptado a las realidades de la vida cotidiana.
El tribunal tuvo en cuenta diversos factores en su decisión, incluyendo la falta de contacto entre padre e hijo y el rol fundamental que desempeña la madre en la crianza. Se destaca que ella está dedicada completamente a las tareas de cuidado, mientras que el padre se presenta como un responsable inscripto en actividades comerciales y propietario de bienes. Esta situación genera un importante desequilibrio en la dinámica familiar, que el tribunal intentó subsanar al asignar una carga financiera más acorde a las verdaderas necesidades del adolescente. Así, se logró reconocer que el aporte anterior era insuficiente y que era crucial garantizar un entorno adecuado para el desarrollo del menor.
Finalmente, el fallo no solo se ocupó de la cuota mensual, sino que también incluyó directrices claras sobre cómo se deberían manejar los gastos extraordinarios. La Cámara dictó que los costos asociados a salud, educación y celebraciones deben ser cubiertos en partes iguales entre los dos progenitores. Esta medida es fundamental, ya que involucra tanto tratamientos médicos como elementos escolares y actividades que, aunque no son regulares, pueden tener un impacto significativo en la economía familiar. En definitiva, esta sentencia marca un avance hacia un sistema de aportes alimentarios más justo y equitativo, adaptado a las exigencias actuales.
