Incremento en los haberes de los jubilados docentes nacionales
El reciente anuncio del incremento del 13,59% en los haberes de los jubilados docentes nacionales no universitarios ha captado la atención de la comunidad educativa en Argentina. Este aumento, que se hará efectivo entre junio y agosto de este año, se debe a la particular movilidad trimestral que rige para este grupo. A diferencia de otros jubilados, los docentes tienen un sistema propio que se basa en la variación de los sueldos de los docentes activos que aportan a la ANSES. Este mecanismo se traduce en un ajuste periódico en función de la Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC), que, aunque es relevante, presenta limitaciones al no incluir todas las sumas no remunerativas que reciben los educadores en actividad.
Es fundamental comprender que los jubilados docentes nacionales están excluidos del régimen general de movilidad, donde los ajustes se realizan de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que no perciben los bonos adicionales que se aplican a los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones generales. Esta situación genera una dinámica diferenciada, pues el aumento para los docentes se establece en función de la contribución que realizan los trabajadores activos: aportando un 13% de su salario, lo que les permite jubilarse con un 82% móvil del salario correspondiente a su cargo al momento de la jubilación. Sin embargo, a pesar de este mecanismo, es alarmante destacar que desde 2018 hasta la fecha, el poder adquisitivo de los jubilados docentes ha disminuido un 23%.
La historia del régimen jubilatorio docente ha estado marcada por intentos de reforma que han evidenciado la complejidad del tema. En 2018, el Ministerio de Trabajo, bajo la gestión de Mauricio Macri, instauró una "Comisión Técnica Permanente" con el propósito de revisar los regímenes especiales de jubilación. Más recientemente, el gobierno de Alberto Fernández también tomó la iniciativa de incluir una propuesta en la ley de Emergencia y Solidaridad para crear una Comisión que sugiriera modificaciones en la movilidad de estos regímenes. Sin embargo, estas iniciativas se encontraron con la resistencia de los gremios docentes, quienes temen que tentativas futuras impliquen cambios que perjudicarían a los futuros jubilados, ajustando su cálculo a un 60/65% de los sueldos de los últimos diez años, lo que significaría una considerable reducción en sus haberes.