Una Red de Sextorsión desde el Penal de Chubut
Recientemente, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito ha solicitado la apertura de una investigación penal preparatoria contra 25 individuos que presuntamente formaban parte de una red de estafas a través de sextorsión. La jueza de garantías Eve Ponce autorizó esta medida tras el trabajo minucioso de la Fiscalía, que estima que la organización habría obtenido cerca de 60 millones de pesos en un año gracias a maniobras de extorsión. Lo alarmante es que el grupo operaba desde el Instituto Penitenciario Provincial de Chubut, donde tres de sus líderes coordinaban las extorsiones incluso en el contexto de su encarcelamiento.
El modus operandi delictivo se desarrollaba en tres etapas. Primero, contactaban a las víctimas mediante perfiles falsos en redes sociales, donde lograban obtener imágenes íntimas. Una vez conseguida esta información, comenzaba la extorsión, en la que las víctimas eran amenazadas con la difusión de sus imágenes si no cumplían con las exigencias económicas de los delincuentes. A esto se sumaban prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentación judicial y el uso de nombres de funcionarios reales para aumentar la presión psicológica sobre las víctimas. Hasta la fecha, se han documentado casos en diversas provincias, lo que sugiere que la cifra de afectados podría aumentar a medida que avanza la investigación.
Durante el proceso judicial, se han presentado sorprendentes datos sobre cómo operaban. Empleaban teléfonos celulares que ingresaron al penal de forma clandestina y utilizaban cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir el dinero de las extorsiones. En algunos casos, se han identificado transferencias millonarias que superan los 5 millones de pesos, con redes de complicidad que incluían familiares de los internos. Además, los estafadores no sólo se limitaban a la sextorsión; también vendían productos inexistentes en plataformas digitales, aprovechando la credulidad de las personas. Así, esta red delictiva no solo representa una amenaza directa a la privacidad y bienestar de las víctimas, sino que también pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control dentro de las instituciones penitenciarias.
