El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York marca un giro significativo en el litigio entre Argentina y los demandantes que buscan cobrar una sentencia de 16,000 millones de dólares relacionada con la expropiación de YPF. Este tribunal ha decidido suspender preventivamente la entrega de acciones de la petrolera, un movimiento que ofrece un respiro a la defensa del Estado argentino. La medida, dictada en respuesta a una solicitud formal de los abogados del país, se produce en un momento crítico, pues la jueza Loretta Preska había exigido previamente la transferencia de los activos para satisfacer parcialmente la deuda impuesta.
La situación ha evolucionado rápidamente desde que el tribunal de Nueva York ordenó la entrega de las acciones el 30 de junio. Ante esta directiva, los abogados argentinos actuaron con celeridad, presentando su apelación en un tiempo récord para evitar un posible desacato que entraría en vigor el 17 de octubre. Este accionar meticuloso y urgente refleja no solo la importancia del caso, sino también el empeño del Estado por proteger su soberanía y sus activos estratégicos. La suspensión “en principio por tiempo indeterminado” da lugar a un intervalo en el cual se analizarán las circunstancias del caso, permitiendo un debate más profundo sobre las implicaciones legales y económicas de la sentencia.
Mirando hacia adelante, se anticipan más presentaciones y una intensa batalla legal entre ambas partes. Los demandantes tienen hasta el 17 de julio de 2025 para presentar argumentos en contra de la suspensión, mientras que la defensa argentina contará con un poco más de tiempo, hasta el 22 del mismo mes, para responder. Este intercambio culminará con la revisión de un panel de tres jueces, que evaluará la situación en busca de aclarar el rumbo del caso. La expectativa es que esta dinámica dé lugar a novedades significativas en un lapso más breve, destacando así la complejidad y el elevado interés que esta disputa ha generado en el ámbito internacional.
