La Crítica a Aguas Rionegrinas: Un Derecho Vulnerado

La situación del acceso al agua en Bariloche ha generado un gran debate en los últimos días. Neoclasismo en Aguas Rionegrinas ha despertado críticas por su falta de inversión y planificación adecuada. En declaraciones recientes, Ramiro Chamatrópulos, representante de CODEC, afirmó que es “insólito” que la empresa culpe a los ciudadanos por problemas que son resultado de decisiones de gestión. Este reclamo resuena en una comunidad que exige respuestas concretas frente a un servicio esencial que no solo es un derecho, sino un deber del Estado.

La Falta de Inversión: Un Problema Estructural

Desde CODEC se enfatizó la necesidad urgente de realizar inversiones estructurales en las redes de agua potable. A pesar de que Aguas Rionegrinas reconoció que podrían registrarse eventos de baja presión en numerosos barrios, no mencionó ninguna mejora en la capacidad de provisión ni ampliaciones necesarias. Barrios como el Alto de Bariloche se han visto históricamente postergados, sufriendo por la falta de suministro. Esto plantea un dilema: ¿cómo es posible que una empresa que tiene la responsabilidad de garantizar un servicio básico no implemente soluciones efectivas?

Derechos Humanos y Responsabilidad del Estado

Además, Chamatrópulos recordó que el acceso al agua potable está respaldado por la Constitución Nacional, específicamente en su Artículo 42, que protege a los usuarios de servicios públicos. La idea de responsabilizar a los barilochenses por la “baja presión” sin aportar soluciones ni mejoras es considerada injustificable. El pedido de un “uso responsable del recurso” en el comunicado oficial de Aguas Rionegrinas no puede sustituir las obligaciones del Estado y de la empresa prestadora. Este contexto nos lleva a cuestionar hasta qué punto Aguas Rionegrinas y las autoridades regulatorias están cumpliendo con su deber de garantizar un acceso equitativo y suficiente al agua para todos los ciudadanos.