La Cámara de Diputados ha dado un importante paso hacia la mejora de la calidad de vida de muchas personas con discapacidad en Argentina. Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, se aprobó un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que podría extenderse por un año más. Este proyecto, impulsado por la oposición, se enmarca en la necesidad urgente de actualizar y recomponer las prestaciones que reciben los beneficiarios. Desde el 1 de diciembre de 2023, las pensiones se ajustarán de acuerdo a la inflación acumulada, lo que significa un alivio significativo para aquellos que dependen de estas ayudas económicas.
Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas, que ahora se alinearán con el índice de precios al consumidor (IPC). Este cambio es crucial para asegurar que las personas con discapacidad no solo mantengan, sino que mejoren su poder adquisitivo frente a la creciente inflación. Además, el monto de las pensiones se fijará en un 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, lo cual representa un avance respecto a la situación actual. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que este ajuste implicará un impacto fiscal significativo, que oscila entre 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones, dependiendo del número de nuevos beneficiarios que se sumen.
Esta declaración de emergencia no surge de la nada; ha sido una exigencia de múltiples sectores de la sociedad que, a través de marchas y movilizaciones, han solicitado a los legisladores una revisión urgente de las políticas sobre discapacidad. Walter Cortes, responsable de la municipalidad de Bariloche, ha sido un ferviente defensor de esta causa, logrando articular las voces de aquellos que reclaman justicia y equidad en la asignación de recursos. La compensación por el desfasaje en el valor de las prestaciones frente a la inflación del 2024 también será un tema clave, con un costo de 278.323 millones de pesos, además de un refuerzo de 7.160 millones para los talleres de producción, elementos que reflejan el compromiso de las autoridades por mejorar la situación de este colectivo vulnerable.
