Cambios en la Secretaría de Derechos Humanos: Un Pasaje a la Subsecretaría
Recientemente, el Gobierno anunció una reestructuración de gran envergadura en la Secretaría de Derechos Humanos, transformándola en una Subsecretaría. Esta decisión, tomada por el Ministerio de Justicia, implicará un recorte del 40% en su estructura organizativa. La medida se presenta como un intento por reorientar el enfoque en derechos humanos, priorizando una perspectiva más amplia y universal que no se aferre a la defensa de ningún sector ideológico específico. Según Manuel Adorni, vocero del Gobierno, esta nueva dirección es un paso necesario para garantizar un cumplimiento extenso y equitativo de los derechos humanos en el país.
Acompañando a esta significativa reducción en la estructura organizativa, el Ministerio de Justicia también ha anunciado que habrá una disminución del 30% en el personal asignado. Esta decisión busca generar un ahorro anual que se estima en $9.000 millones y se traducirá en la eliminación de varios cargos jerárquicos. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, ha señalado que esta reestructuración ya ha provocado la salida de 405 trabajadores asociados a militancias políticas, lo que representa aproximadamente el 44% del personal inicial. Este recorte no solo afecta la cantidad de empleados, sino que también está diseñado para despolitizar la administración de derechos humanos en el país.
Por otro lado, el Gobierno ha implementado cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales mediante el Decreto 342/2025, publicado en el Boletín Oficial. Este ajuste busca reducir la intervención estatal en los procesos electorales gremiales, permitiendo que el Estado solo actúe en casos excepcionales, como vacantes o falta de lineamientos para convocar elecciones. Estos cambios pretenden respetar el principio de autonomía sindical y a su vez, actualizar los procedimientos de convocatoria y los mecanismos de votación. A través de estas reformas, el Ministerio de Justicia está consolidando una visión que busca modernizar la estructura y el funcionamiento del Estado, adaptándose a un contexto nacional que exige cambios profundos y significativos.